Si el poder emana del pueblo, y nombramos a los diputados para que nos representen, en principio no habría de existir demasiado remilgo para que nuestros representantes eligieran a los jerarcas de la Justicia. Sin embargo, la independencia entre los poderes ejecutivo y legislativo queda lesionada, porque el ejecutivo suele tener mayoría en el Parlamento.

   No obstante, lo que resulta extraño, y aun chocante, es que personas que por razón de esa elección ya han alcanzado los máximos grados profesionales, más allá de los cuales sólo están los celestiales para los creyentes -y para alcanzarlos hay que morirse previamente- ante determinadas decisiones respondan con criterios similares a los que sostienen los partidos o facciones políticas que propiciaron su nombramiento. Me asombra ese detalle. Me asombra una coincidencia tan pertinaz, cuando se supone que estamos ante personas con criterio y experiencia, sabiduría y amplios conocimientos en jurisprudencia. ¿De verdad que la interpretación de la legalidad tiene visiones sin fisuras, dependiendo de la ideología? ¿Ni una fisura? ¿Ni siquiera una vacilación? A mí me parece que lo lógico, lo humano, y aun lo higiénico, sería que, una vez nombrados, el cordón umbilical con la etiología de elección se quebrara y dejara de influir. Pero parece que no es así.

   Le deseamos mucha suerte a don Carlos Dívar, un baltanasiego curtido en muchas lides, y lo de curtido no es un juego de palabras por la honesta actividad de sus antecesores familiares, porque, ahora, todavía deberá curtirse más en el pastoreo y organización de la institución que acoge a la aristocracia de las  togas.